¿Por qué las compañías prefieren que no nos acojamos a nuestro derecho de elegir un abogado particular?

La elección entre un abogado de la compañía de seguro o un profesional particular es más importante de lo que imaginamos, ya que nuestra indemnización por lesiones en accidente de tráfico puede variar de forma sustancial en función de lo que decidamos.

Las compañías prefieren que no nos acojamos a nuestro derecho de elegir un abogado particular y que nos decantemos por el abogado de la compañía, simplemente para que este último dirija las reclamaciones del lesionado en beneficio a los intereses de la propia aseguradora. Es decir, las víctimas que se inclinan por el abogado del seguro pueden ver perjudicados sus derechos e intereses.

Como ya hemos comentado en otros artículos, la cobertura de defensa y reclamación jurídica de nuestra póliza de seguro de auto es la que nos da la opción de elegir a un abogado particular (y procurador si lo precisamos) para reclamar nuestra indemnización por accidente de tráfico. Con esta cobertura, la compañía debe ser quien se haga cargo de reembolsar al asegurado los honorarios que abonó a dichos profesionales. 

En cambio, el abogado del seguro no se ofrece específicamente en nuestras coberturas de auto, es decir, no existe ninguna cobertura en la que la aseguradora ofrezca un abogado propio, o lo que es lo mismo, profesionales con los que mantienen un convenio a favor de sus intereses.
De hecho, la víctima de accidente no debería tener que elegir entre el abogado del seguro o un particular, pero parece ser que las compañías han conseguido que muchos lesionados se vean presionados ante esta situación.

El papel de los abogados de compañía

En su día, las aseguradora consideraron que les saldría más rentable pagar a abogados que velaran por sus intereses, que abonar los honorarios a los abogados particulares que elegían sus asegurados. Así es como, las compañías llegaron a un acuerdo con algunos abogados y se comprometieron a pagar su minuta (unos honorarios bastante bajos) a cambio de ofrecer servicios a sus asegurados tras un siniestro, aunque eso si, siempre dejando claro que su cliente sería la compañía aseguradora y no la víctima de accidente.

Así, podemos entender como estos abogados contratados por el seguro no cargarán con reclamaciones que vayan en contra de los intereses de las mismas, si no todo lo contrario, intentarán que siempre les sea rentable a la aseguradora.

Antes, las víctimas de accidentes ni siquiera sabían que tenían derecho a elegir un abogado particular, y mucho menos que el seguro le devolvería el coste de los honorarios. Así es como esta estrategia por parte de las compañías funcionó durante años y las víctimas de accidente no cobraban la indemnización que les correspondía.
Hoy en día, con tanta información, es imposible que las aseguradoras puedan ocultar la existencia de ese derecho que los asegurados tienen para elegir abogado particular y cobrar una indemnización justa.

¿Cómo puede perjudicarnos un abogado de compañía?

Aunque estos abogados puedan ser profesionales preparados, los intereses de las víctimas nunca van a quedar cubiertos ya que, para el abogado de la compañía, la rentabilidad del seguro (su cliente) prevalece ante que los de la propia víctima.

Un ejemplo claro es el siguiente:
Para poder defender los derechos de las víctimas frente a las compañías de seguro es clave contar con un informe pericial médico que defienda las lesiones existentes. Pero lo cierto es que ninguna cobertura de defensa jurídica incluye dicha valoración de perito, por lo que el abogado del seguro no puede reclamar judicialmente nuestra indemnización ya que para ello necesitaría un informe pericial que nuestro seguro no reembolsará
Es por esto mismo, y por obtener la indemnización más rentable para la compañía, que en la mayoría de los casos estos abogados tratan de convencer a la víctima de accidente de que la cantidad que nos ofrece el seguro contrario es una indemnización justa.

En conclusión, la única forma de luchar que tienen actualmente la compañía es limitar la cantidad máxima a devolver al asegurado a través de su cobertura de defensa jurídica, y presionar a los accidentados para que acepten las primeras y míseras ofertas motivadas que les ofrecen desde un principio.

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